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A casi medio año del primer lustro de la reforma energética de México, nos encontramos en una coyuntura político-electoral que va a retomarla como un elemento central de discusión sobre qué país queremos ser y cómo podemos lograrlo. Y es que la reforma energética y su proceso de implementación se constituyen como caldo de cultivo para, por un lado esgrimir argumentos a favor de todos los cambios institucionales necesarios para que nuestro país se inserte en una dinámica de competitividad global y, por el otro, crear narrativas en contra de todos los males que nos aferran al estancamiento económico como la corrupción, la impunidad, o la falta de estado de Derecho.
Tome usted el lado que quiera, ya que el circo mediático es binario: aquellos que están a favor o aquellos que están en contra. Esta condición, más allá de resultar simplista, empobrece nuestras opciones como electorado, ya que si bien hay distintos vértices de argumentación ideológica que buscan tambalear o reforzar los cimientos de la reforma de un sector tan esencial como lo es el energético, existe un factor sobre el cual no debería haber ningún tipo de desencuentro y, por el contrario, si muchas propuestas sobre cómo potenciarlo en beneficio de los mexicanos: el factor humano. Me explico.
En una esquina se puede encontrar a los que defienden la reforma energética. Lo que se escucha es que si se frena o revierte su implementación existiría una ingente pérdida de inversiones que pondrían en riesgo el crecimiento económico, empleo y, por lo tanto, el desarrollo de mercados que, en principio, se han buscado establecer para favorecer a los consumidores. En la otra esquina, a contrario sensu, se dice que la reforma fue un fracaso; que no sirvió ni para hacer productivas a Petróleos Mexicanos ni a la Comisión Federal de Electricidad (cada año se registran pérdidas récord), ni para contar con un abasto confiable de combustibles (en gasolinas y gas natural), ni para contar con un sector energético más transparente y menos corrupto (v.gr. Odebrecht), ni para observar mejores precios y condiciones para los consumidores mexicanos.
En cualquier caso, y sin importar la bandera ideológica que se tenga envuelta en el pecho, lo que se aprecia es un ejercicio estéril de vociferación de lugares comunes que frustra por igual a propios y extraños, y es que, parece una vez más, que corremos el riesgo de ver desde nuestras trincheras cómo “se nos puede ir una vez más el tren”. Pongo un ejemplo: El tan mediático, y a la vez sumamente delicado tema del “huachicol” o robo de hidrocarburos.
Este 9 de abril, Petróleos Mexicanos anunció que durante 2017, el fenómeno le costó 30 mil millones de pesos, tan sólo 50% más de lo que le costó en 2016. ¿Ha escuchado usted alguna propuesta concreta de los –hoy- cinco candidatos en contienda para combatir tan complejo fenómeno socioeconómico? Seguro ha escuchado que “van de frente contra el crimen organizado que está detrás de ellos” o que buscarán “recuperar espacios públicos a favor de las comunidades”, o incluso que “utilizarán todos los recursos y la tecnología a nuestra disposición” para dar contra los responsables. Pero le aseguro, que al igual que yo, no ha escuchado un plan concreto y específico para revertir este elefante blanco en la habitación y, mucho menos, el reconocimiento de una posibilidad que, si bien es meritoria de una investigación profunda seria, no deja de ser escalofriante. El robo de hidrocarburos en México no es sólo dinero que deja de ingresar a Petróleos Mexicanos. No se trata tampoco sólo de una nueva estrategia de diversificación de portafolio del crimen organizado. Desgraciadamente, no es sólo auspiciado por antiguos o actuales trabajadores que facilitan información sensible y estratégica. No. El robo de hidrocarburos en México es el espacio –ahora necesario- en el que se citan la corrupción y la impunidad de élites y masas para dar rienda suelta a un nuevo tejido social de aspiraciones frustradas porque, por décadas, el Estado mexicano no ha sido capaz de proveer los satisfactores sociales y económicos mínimos para garantizar oportunidades de vida a sus habitantes; un verdadero Estado dentro del Estado.
A medida que avancen los días en la contienda, la dialéctica ideológica se recrudecerá. Sin embargo, para enriquecer nuestra decisión, partamos de una coincidencia: no seamos un país en el que la búsqueda de rentas sea una forma de vida ni para las élites ni para la sociedad en su totalidad. No necesitamos balas de plata. Necesitamos propuestas específicas con hitos que alcancen la vida de todos los mexicanos.
*El Dr. Luis Serra es Director Ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Responsable de liderar las actividades del Tecnológico de Monterrey para el fortalecimiento competitivo del sector energético de México. Como consejero representa al Tecnológico de Monterrey ante el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Es Doctor en Economía por la Universidad de Warwick y Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México.